7 research outputs found

    El fortalecimiento del control judicial de la administración

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    El presente trabajo aborda la problemática de la injerencia de los jueces en la Administración en Colombia. Dentro de la teoría del derecho público, se entiende que es función de esta rama del poder público llevar a cabo políticas y acciones para satisfacer las necesidades de la comunidad. Sin embargo, particularmente desde la aparición de la Corte Constitucional en Colombia, encontramos que los jueces y altos tribunales igualmente toman decisiones que podrían ser típicamente administrativas, por ejemplo, mediante acciones populares, ordenar la construcción de un hospital, de una escuela; la intervención en materia ambiental y de movilidad, entre otras, estas decisiones no han sido recibidas por los juristas de una manera pacífica, especialmente por la ruptura del principio de la separación de poderes y por sus consecuencias en el impacto fiscal

    El juicio fiscal: alcance y arreglos institucionales

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    [ES] El objetivo de esta tesis es abordar los elementos de daño patrimonial al Estado causados ​​por los servidores públicos en el ejercicio de sus funciones. Analiza el sujeto susceptible de la acción de responsabilidad, el grado o tipo de responsabilidad, los exhonerantes de responsabilidad, así como la tipificación y cumplimiento de los requisitos de legalidad del evento susceptible del daño patrimonial. Finalmente, se analizará la importancia del cuidado del patrimonio público para el cumplimiento de las políticas públicas y la sostenibilidad financiera del país

    Aplicación de los preceptos del debido proceso en los procedimientos disciplinarios que se tramitan en las Fuerzas Armadas

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    La Constitución de la República del Ecuador, como parte de los derechos de protección, establece el derecho al debido proceso, que incluye una serie de garantías aplicables a todo proceso o procedimiento en el que se determinen derechos y obligaciones de los ciudadanos. Las Fuerzas Armadas ecuatorianas para cumplir con sus misiones, demandan del personal militar un régimen disciplinario estricto, cuyo incumplimiento conlleva la imposición de una sanción disciplinaria, que puede conllevar inclusive a su separación de la Institución, conforme lo determina el Reglamento Sustitutivo al Reglamento de Disciplina Militar. En este sentido, la presente investigación analiza el debido proceso a la luz de los parámetros impuestos por la propia Carta Fundamental, lo que se ha desarrollado en la doctrina y la justicia constitucional, para determinar las garantías básicas aplicables a los procedimientos administrativos disciplinarios militares y que son: el deber garantizar el cumplimiento de las normas y derechos del militar involucrado en un procedimiento disciplinario, la presunción de inocencia, el derecho de probar y rebatir las pruebas presentadas por la autoridad sancionadora, la favorabilidad al momento de aplicación de las normas sancionadoras, el derecho a la defensa en cada etapa o grado del procedimiento, contar con el tiempo y los medios adecuados para la preparación de la defensa, y la obligación de motivar las resoluciones que se adopten. Por otra parte y a partir de casos concretos se verifica el grado de cumplimiento de las mencionadas garantías, al interior de las Fuerzas Armadas

    Diez años

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    Es deber de todo jurista, de todo iusfilósofo, de todo ciudadano, bregar por la plena vigencia del derecho y por la observación de las normas. Y no sólo eso; es preciso, además, pensar mentalmente las normas jurídicas y pensarlas luego verbalmente, para que su formulación oral o escrita sean la genuina expresión de lo pensado. La sociedad humana debe responder a la naturaleza racional del hombre en su organización y en su funcionamiento. A su turno, la razón es esclava de sus formas y éstas se nos evidencian cuando la ciencia de la Lógica las pone de manifiesto. Toda ciencia, todo conocimiento, no sólo es adquirido y pensado sino que es comunicado y, en esa expresión, se deben observar también las reglas que nuestra condición humana exige.Dos enclaves de justicia en la Ilíada / Ariel Álvarez Gardiol – El imaginario social y la independencia judicial / Armando S. Andruet (h) – Principio de igualdad. Opciones que plantea la solución de casos / Jorge Augusto Barbará – Derecho y dialéctica / Julio César Castiglione – A propósito del “control de convencionalidad” / Raúl E. Fernández – Aproximaciones al control de logicidad / Olsen A. Ghirardi – Un modelo de juez democrático / Rolando Oscar Guadagna – El derecho ante el enfoque analítico / Ricardo A. Guibourg – Los entimemas forenses y su validez en la fundamentación sentencial / María del Pilar Hiruela de Fernández – El derecho y la feminización del fenómeno laboral / Patricia Elena Messio – Derecho, política y valoraciones / Carlos Enrique Pettoruti – Un test filosófico a la teoría del conflicto de derechos / Marina Andrea Riba – La vigencia de Nimio de Anquín / Luis Roberto Rueda – La declinación del derecho. Ontología. Ontología del derecho / Héctor Hugo Segura – Le dédoublement du sujet: entre sujet juridique et sujet social / Jean-Marc Trigeaud – Los derechos humanos y la actividad jurisdiccional interpretativa / Rodolfo L. Vigo –publishedVersionÁlvarez Gardiol, Ariel. Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba; Argentina.Andruet (h), Armando S. Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba; Argentina.Barbará, Jorge Augusto. Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba; Argentina.Castiglione, Julio César. Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba; Argentina.Fernández, Raúl E.. Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba; Argentina.Ghirardi, Olsen A. Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba; Argentina.Guadagna, Rolando Oscar. Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba; Argentina.Guibourg, Ricardo A. Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba; Argentina.Hiruela de Fernández, María del Pilar. Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba; Argentina.Messio, Patricia Elena. Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba; Argentina.Pettoruti, Carlos Enrique. Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba; Argentina.Riba, Marina Andrea. Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba; Argentina.Rueda, Luis Roberto. Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba; Argentina.Segura, Héctor Hugo. Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba; Argentina.Trigeaud, Jean-Marc. Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba; Argentina.Vigo, Rodolfo L. Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba; Argentina

    Procesos constitucionales para la protección de los derechos de los trabajadores del sector público.

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    En octubre de 2008 se puso en vigencia la nueva Constitución de la República del Ecuador, en la que se introducen cambios sustanciales y definitivos en el reconocimiento de los derechos, su sistema de protección y en la estructura del Estado ecuatoriano. Debemos ponderar que la justicia constitucional es una herramienta eficaz e idónea para hacer realidad las exigencias del texto constitucional, para asegurar la vigencia del principio democrático y para controlar eficazmente la actividad de los poderes públicos y de los particulares, especialmente cuando se vulneran o atropellan derechos garantizados en la Carta Constitucional. Los trabajadores del sector público, especialmente aquellos del régimen autónomo descentralizado, como los gobiernos municipales, parroquiales y provinciales que no están amparados por sistemas de contratación que aseguren su permanencia fuera de las instancias de los cambios de administración, son colectivos que están en la zozobra de su permanencia laboral, lo cual evidentemente es una violación a los procesos laborales y constitucionales propiciados desde el nivel ejecutivo de aquellos niveles de gobierno. Para tales efectos, deben de existir recursos sencillos y rápidos ante los jueces y tribunales competentes que les permitan amparar a dichos servidores frente a actos u omisiones que amenacen o violen sus derechos. El desconocimiento de estos argumentos jurídicos atenta contra la seguridad jurídica de dichos empleadosUPS

    Actualización del manual comentado y concordado de derecho disciplinario-Ley 734 del 2002

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    Este trabajo investigativo contiene la actualización de un manual comentado y concordado de Derecho Disciplinario a diciembre de 2005, el cual sirva de instrumento para la regulación de las relaciones entre el Estado y las personas que prestan sus servicios al mismo, siempre ha sido una permanente inquietud del legislador que ha tratado de establecer unos precisos y concretos límites a las facultades de la administración frente a quienes prestan el servicio, así como a los derechos, deberes y obligaciones de estos empleados para con su empleador. La Constitución de 1991 incluyo grandes cambios en las relaciones entre el Estado y los servidores públicos, generando con ello la necesidad de actualizar las normas en materia disciplinaria existían, para así lograr mayor efectividad de las mismas conforme a la concepción de un moderno Estado democrático, preocupado por la moralización de su administración pública, conllevando a la expedición de la Ley 200 de 1995, que constituyo el primer Código Único Disciplinario, excepto a los servidores de las fuerzas militares. No obstante, lo anterior, el Código dejó algunos vacíos que pronto empezaron a generar problemas en su aplicación, lo cual, unido a la gran cantidad de fallos en su contra proferidos por la Honorable Corte Constitucional, hicieron que la norma pronto se volviera obsoleta y se requiriera, a la mayor brevedad posible, el surgimiento de una nueva norma que contemplara la realidad de la situación del país y sirviera de herramienta de control al servidor estatal. La nueva norma disciplinaria deja latente algunas dudas en cuanto a su aplicación, la constante remisión que en materia de derechos, deberes y faltas hacía la otra normatividad y sobre el acatamiento real de la jurisprudencia constitucional sobre la materia. En estas condiciones, y después de una juiciosa discusión en el Congreso de la República, surge la ley 734 de 2002 que reúne la mayoría de sugerencias, anotaciones y dudas que existían en torno a la aplicación de la ley disciplinaria, así como la jurisprudencia y ordenes plasmadas en las diferentes sentencias de la Honorable Corte Constitucional. Es así como con el presente trabajo investigativo se pretende actualizar un manual concordado y comentado de derecho disciplinario que fue elaborado en el año 2003, como trabajo para optar a título de abogado de estudiantes de la facultad de derecho de la institución universitaria de envigado. Con el fin de que sea una herramienta de fácil consulta para todos los interesados en el tema como profesores, estudiantes, servidores públicos, funcionarios judiciales, abogados y en general todas las personas inquietas por el derecho disciplinario. La anterior labor, comprende un análisis y actualización a los principales cambios realizados al nuevo Código Disciplinario Único, así como su concordancia con otras normas y la aplicación de la nutrida jurisprudencia constitucional sobre el tema, de manera tal que se constituya en un didáctico manual para los servidores públicos y para quienes tengan algún interés especial en el contenido del mismo, permitiendo de alguna manera, tener una mejor comprensión sobre los principales cambios y consecuencias de los mismos. No se pretende reproducir la ley 734 de 2002, solamente realizar un juicioso comentario a los aspectos más importantes y controvertidos de la norma en comento, así como establecer unas reglas de interpretación que vayan acordes con las directrices de la Procuraduría General de la Nación y la jurisprudencia de la Honorable Corte Constitucional.This work contains the commented and agreed update of a manual of Disciplinary authority to December of 2005, which serves as instrument for the regulation of the relations between the State and the people who serve their to he himself, it has always been a permanent restlessness of the legislator who has tried to settle down precise ones and concrete limits to the faculties of the administration as opposed to those who serve, as well as to the rights, duties and obligations of these employees towards its employer. The Constitution of 1991 I include great changes in the relations between the State and the servants public, generating with it the necessity to update the norms in disciplinary matter they existed, thus to obtain greater effectiveness of the same ones according to the conception of a modern democratic State, worried about the moralizaty of its public administration, entailing to the expedition of Law 200 of 1995, that I constitute the first Disciplinary Unique Code, except a the servants of the troopses. Despite the previous thing, the Code left to some emptinesses that soon began to generate problems in its application, which, together with the great amount of failures in his against by the Honorable Constitutional Court, they did that the norm soon became obsolete and was required, as soon as possible, the sprouting of a new norm that contemplated the reality of the situation of the country and served as tool of control the state servant. The new disciplinary norm leaves some doubts as far as its application latent, the constant remission that in the matter of rights, duties and lack made the other normativity and on the real observance of the constitutional jurisprudence on the matter. In these conditions, and after a judicious discussion in the Congress of the Republic, the law 734 arises from 2002 that reunites most of suggestions, annotations and doubts that existed around the application of the disciplinary law, as well as the jurisprudence and you order shaped in the different sentences from the Honorable Constitutional Court. It is as well as with the present work it is tried to update a manual agreed and commented of disciplinary authority that was elaborated in 2003, like work to choose for a reason or purpose of lawyer of students of the faculty of right of the Envigado university institution of. In order that it is a tool of easy consultation for all the interested ones in the subject like professors, students, servants public, judicial civil employees, lawyers and in general all the anxious people by the disciplinary authority. The previous work, it includes/understands an analysis and update to the main changes made to the new Unique Disciplinary Code, as well as its agreement with other norms and the application of the nourished constitutional jurisprudence on the subject, of way so that it is constituted in didactic manual for the servants a public and those who have some special interest in the content of he himself, allowing somehow, to have one better understanding on the main changes and consequences of such. It is not tried to reproduce 2002 law 734, to only make a judicious commentary to the most important and controverted aspects of the norm in comment, as well as to establish interpretation rules that go agreed with the directives of the General Office of the judge advocate general of the Nation and the jurisprudence of the Honorable Constitutional Court

    El sistema político y el rol de la Corte Suprema de Justicia de la Nación durante el período 1930-1947

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    El objetivo central de esta tesis es determinar el rol político-institucional y la preponderancia de la Corte Suprema de Justicia nacional en la configuración de la legislación y las regulaciones vigentes. Es precisar la dirección normativa del régimen social de acumulación y de los regímenes políticos para preservar y/o alterar una continuidad preceptiva de carácter superior que de manera directa e indirecta modelan un Estado, una sociedad y un individuo. Además, responde de manera neurálgica a la pregunta de cuál fue la actuación política, institucional y jurídica/jurisprudencial de la Corte Suprema federal en la recreación de las pautas formales de actuación de los distintos actores del sistema político argentino entre 1930 y 1947.Fil: Grubisic, Marcos Daniel. Universidad Nacional de Rosario. Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales; Argentin
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